La tala:
¿Un negocio contra el cambio climático?

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CARMELITA, UN EJEMPLO SUSTENTABLE

Una antigua pista de aterrizaje, en el corazón de la Reserva de la Biósfera Maya, anuncia la llegada a la comunidad de Carmelita, hogar de 64 familias que viven de y para la selva.

Llegar ahí toma dos horas desde Flores, la ciudad más cercana, por un camino de terracería y tras atravesar dos retenes resguardados por soldados y policías, quienes vigilan el acceso a la zona ante la tala ilegal, el contrabando de animales y hasta de narcotraficantes.

Se ve poca gente en las escasas calles del poblado, la mayoría está inmersa en su jornada laboral en alguno de los negocios comunales: el aserradero, la carpintería, cabañas ecoturísticas, extracción de chicle y el cultivo y recolección de xate o palma.

“Hemos tratado de diversificar nuestras actividades y no nada más depender de los recursos del bosque. Por ejemplo, ahora estamos apostando por el turismo y por eso estamos construyendo cabañas. Hasta van a tener paneles solares”, explica Orlando Martínez, presidente de la cooperativa que aglomera estos negocios.

Los trabajadores de Carmelita son capacitados para maniobrar el aserradero.
La carpintería fabrica muebles en diferentes maderas, entre ellas caoba, e incluso algunos de sus productos son exportados.
El xate o palma que se corta es enviado a Estados Unidos, principalmente para usos ornamentales.
Las cabañas ecológicas atienden la demanda de turistas que se dirigen hacia la zona arqueológica El Mirador.

Carmelita es el centro operativo de una de las 12 concesiones forestales de Guatemala que son administradas por comunidades y que tienen derecho a explotar los recursos del área bajo un estricto control de manejo sustentable, pues entre sus obligaciones están realizar tareas de prevención de incendios, proteger la fauna de la región y contar con una certificación del Forest Stewardship Council (FSC).

Obtener la certificación FSC no es fácil, comentan sus habitantes, se debe contar con un plan de manejo forestal estructurado que cumpla con cientos de requisitos técnicos, además de tener que pagar seis mil dólares anualmente –el valor oscila por concesión, dependiendo de su extensión-.

“El mejor aliado del Estado para la conservación de las regiones en contra de la deforestación y el cambio climático son las comunidades”, dice, convencido, Carlos Kurzel, uno de nuestros guías y vocero de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop).

En la entrada del aserradero, el presidente de Carmelita, Orlando Martínez, nos da la bienvenida y nos conduce a unas casitas de madera que funcionan como oficinas, a un costado se ubica el centro de acopio del xate –el cual será exportado a Estados Unidos- y en seguida la carpintería.

“Los miembros de la comunidad son capacitados desde que son jóvenes, mitad escuela y mitad carpintería”, dice Orlando mientras los trabajadores comienzan a hacer uso del nuevo equipo.

Durante el ejercicio 2012-2013, entre todas sus unidades de negocio, la Cooperativa Carmelita generó una utilidad bruta de más de un millón y medio de quetzales, equivalentes aproximadamente a unos 190 mil dólares, producto de la venta y exportación de unos 232 mil pies tablares y 51 mil doyles (unidad de medida) de madera aserrada, más de 8 mil paquetes de xate, 100 paquetes turísticos, además de muebles ya fabricados.

VIDEO | Asunción Jiménez, vicepresidente de la concesión comunitaria Árbol Verde
“Aquí todas las ganancias que generamos son reinvertidas en beneficios para la gente de la comunidad”.

La labor de Carmelita no sólo es en contra de la deforestación. La seguridad está a cargo de los propios habitantes, y está sujeta a presiones de compañías petroleras, mineras e incluso amenazas de narcotraficantes que buscan controlar la zona rica en recursos naturales, comenta Juan Girón, subdirector de la Acofop.

“Se ha realizado exploración petrolera en toda la Zona de Uso Múltiple de la Reserva de Biosfera Maya, seguramente somos una reserva petrolera, hay intereses de inversionistas vinculados con el Parque Mirador y que están interesados en el mismo territorio que en la actualidad tienen las comunidades”, explica.

La unión de estas comunidades forestales y su buena organización son sus principales armas en contra de las presiones externas, coinciden sus habitantes.

EL CASO MÉXICO

En México, los ejidos y comunidades agrarias que cuentan con un reconocimiento legal sobre sus territorios alcanzan el 71 por ciento del total de territorios forestales, según datos de World Resources Institute (WRI).

Ejemplo de estas organizaciones es la Unión de Productores Forestales Zapotecas-Chinantecas (UZACHI), en Capulálpam de Méndez, Oaxaca, que agrupa cuatro comunidades y, según su presidente. Carlos Pérez, 150 personas trabajan en las diferentes empresas comunitarias. Algunas en los aserraderos, otras en los cafetales, unas más en las cabañas ecoturísticas e incluso unas cuantas en la planta purificadora de agua de la comunidad. Todas ellas en el aprovechamiento de los recursos que el bosque provee.

Al igual que en el caso de Carmelita, la UZACHI utiliza los recursos para reinversión al interior de las empresas, pero también invierte en servicios de la comunidad, como las fiestas del pueblo e incluso en las escuelas.

“Cuando yo llegué a la planta potabilizadora no sabía nada, pero uno va aprendiendo sobre la marcha”
“Por ahora tenemos 5 empleados en total y la empresa no genera ganancias, pero crea empleos para la gente”
Orlando Toro
Presidente del comité de la planta purificadora comunitaria

De acuerdo con datos de la FAO, en 2011, el sector formal de la industria forestal empleaba a 43 mil trabajadores en México y, en promedio, entre 2003 y 2012, el aprovechamiento forestal representó 0.13 por ciento del PIB nacional.

“Entre los grandes retos para estas comunidades se encuentra la profesionalización de las empresas sociales, el acercamiento de los mercados a estas empresas para evitar intermediarios y la creación de un régimen fiscal especial para este tipo de entidades”, comenta Iván Zúñiga, miembro del área de políticas públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. “Les piden facturas electrónicas a estas empresas cuando ni siquiera tienen internet”

HACIA UN MODELO GLOBAL

La zona en la que se encuentra Carmelita, El Petén, forma parte de los 513 millones de hectáreas de bosques y selvas en todo el globo (12.5 por ciento del total global) bajo el manejo de comunidades y grupos indígenas, las cuales cuentan con derechos y reconocimiento legal sobre sus territorios, de acuerdo con un estudio del World Resources Institute (WRI) y Rights and Resources Iniciative (RRI).

Con base en información de 14 países de América Latina, África y Asia, ricos en bosques, el WRI asegura que cuando las comunidades no tienen derechos o éstos son muy débiles, sus territorios forestales tienden a ser vulnerables a la deforestación y se convierten en fuentes de emisiones de bióxido de carbono.

Robert Winterbottom, uno de los autores del estudio, explicó a El FINANCIERO que si bien en algunos países son requeridas las certificaciones para otorgar los derechos de explotación a estas comunidades, hay lugares en las que no son necesarias.

“En Nigeria, por ejemplo, no es requerido ningún plan; las comunidades protegen, administran y regeneran sus bosques porque está en su interés económico, así que ellos tienen la facultad de hacerlo sin ningún marco legal ni vigilancia de dependencias gubernamentales”.

“A pesar de las crecientes evidencias, la correlación entre el fortalecimiento de los derechos forestales de la comunidad y la mitigación del cambio climático rara vez se toma en cuenta y, a menudo, se ignora”
VIDEO | Aserradero La Trinidad

Otro ejemplo del efecto positivo de las comunidades forestales se dio entre 2001 y 2005, cuando los territorios con reconocimiento legal a comunidades indígenas en Brasil tuvieron una deforestación del 0.21 por ciento, comparada con una de 4.47 por ciento en territorios forestales de uso comercial. En otras palabras, la deforestación en los territorios indígenas habría sido 22 veces más grande si el área no hubiese sido protegida, de acuerdo con información recabada por el WRI.

Como parte de los esfuerzos internacionales en contra del cambio climático, se han creado las iniciativas REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation), con las que se pretende establecer regulaciones financieras, administrativas y de información entre gobiernos para el uso sustentable de territorios forestales.

EL FINANCIERO
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